Roberto Gargarella retoma o célebre caso Doctors for Life, julgado pela Suprema Corte da África do Sul. A Corte declarou inconstitucional certas normas sanitárias que não foram suficientemente debatidas pelo Poder Legislativo.

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Siempre hago referencia a Colombia y su Corte Constitucional, para hablar de los compromisos deliberativos del máximo tribunal en el control del carácter democrático de los procedimientos de dictado de leyes. Ejemplifico hoy con un caso de otra de las grandes Cortes de la era: la Corte Constitucional de Sudáfrica.

El caso Doctors for life (Doctors for Life International v. The Speaker of the National Assembly and Others, CCT 12/05, 17 agosto 2006) involucró una demanda del grupo “Doctors for Life International,” destinada a impugnar la constitucionalidad de ciertas normas relacionadas con cuestiones sanitarias, que no habían sido objeto de discusión suficiente en el Parlamento porque –conforme a la demanda- el legislativo no había facilitado el involucramiento público requerido, y necesario para la validez de las leyes en cuestión. En su respuesta, la Corte reconoció parcialmente este reclamo, al sostener que, en efecto, la democracia no concluye una vez que se vota en elecciones nacionales; que la intervención popular en asuntos públicos tenía raíces muy profundas en el país; y que el principio de consulta a la ciudadanía había devenido una parte distintiva del “ethos nacional” –según el voto del juez Sachs.

Sachs agregó que “el diálogo y la deliberación van de la mano. Esto es parte de la tolerancia y la civilidad que caracteriza al respecto de la diversidad que la Constitución demanda. El involucramiento público de la ciudadanía (resulta especialmente relevante) en relación con los grupos que han sido víctimas de procesos históricos de silenciamiento. Es constitutivo de su dignidad como ciudadanos que no sólo tengan una chance de hablar, sino de que puedan tener la certeza de que van a ser escuchado. Esto es especialmente así para los que pueden sentirse políticamente desaventajados en la actualidad, dada su carencia de educación superior, su falta de acceso a los recursos, su carencia de conexiones políticas.”
Y concluyó: “Todos los interesados en la legislación deben sentir que han tenido una oportunidad real de decir lo que piensan, de ser tomados en serio como ciudadanos, que sus opiniones importan y van a recibir debida consideración al momento en que puedan influir las decisiones de un modo significativo.” Ver

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2006/11.html

En vista a compromisos como los citados, la Corte declaró que la obligación de facilitar el compromiso público en el proceso de creación legislativa constituía una “parte material” del derecho, y por lo tanto declaró a (algunas de) las leyes impugnadas como inválidas,[1] suspendiendo dicha orden de invalidación por 18 meses, de modo tal de permitirle al Parlamento el re-dictado de las mismas, conforme a las exigencias de la Constitución.

En opinión liderada por el juez NgcoboJ, la Corte dijo que “(la intervención legislativa del pueblo) beneficia la dignidad cívica de los que participan, al permitir que sus voces sean oídas y tomadas en cuenta… (Así) se ayuda a contrapesar el lobby y las influencias avanzadas en secreto…y se ayuda de modo especial a los más desapoderados dentro de un país marcado por las disparidades de riqueza y en cuento al poder de influencia….”

Aunque el impacto efectivo del fallo no puede medirse, exclusivamente, a partir de considerandos judiciales como el señalado, resulta destacable el compromiso asumido entonces, públicamente, por la Corte Sudafricana con los ideales de una participación amplia y un debate robusto, es decir, los dos componentes fundamentales de una democracia deliberativa. Más aún, resulta notable que los jueces de la Corte se hayan animado a ingresar de modo tan decisivo en el análisis de los componentes esenciales de la decisión legislativa, para examinarla a la luz de los ideales de la democracia deliberativa.[2]

http://www.seminariogargarella.blogspot.com.br/2014/09/la-inconstitucionalidad-de-la-reforma_30.html

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[1] Esto es lo que ocurrió con la Traditional Health Practitioners Act y la Choice on Termination of Pregnancy Amendment Act.

[2] En una misma dirección, la opinión parcialmente disidente de los Jueces Petracchi y Argibay en el importante caso Halabi, Ernesto c/ P.E.N. ley 25.873 dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986,decidido el 24 de febrero de 2009 por la Corte Argentina, en donde los jueces tomaron como base para desafiar la constitucionalidad de una ley (referida a la privacidad, Internet y los medios de comunicación), “la necesidad de que una norma de tales características sea motivada y fundada” (la ley en cuestión tenía que ver con la interferencia estatal con las comunicaciones y el uso de Internet por parte de la ciudadanía) y, sobre todo, “la ausencia de un debate legislativo suficiente en una materia tan sensible.” De modo todavía más notable, destaca la decisión de la Corte Constitucional de Colombia en relación con la aprobación del llamado “estatuto antiterrorista,” al que me refiero más abajo.

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