Roberto Gargarella – Pobreza, desigualdade e maltrato

Artigo de Roberto Gargarella sobre como a pobreza, a desigualdade e o maltrato contínuos, estruturais, rasgam nosso tecido social. 

http://www.lanacion.com.ar/1717331-pobreza-desigualdad-y-maltrato

Pobreza, desigualdad y maltrato

Por Roberto Gargarella  | Para LA NACION

Comienzo con una breve anécdota personal, para reflexionar sobre la situación de violencia que hoy vive el país. Hace más de 20 años, completaba mis estudios en los Estados Unidos, en un contexto de dura violencia racial: eran los tiempos de “Rodney King” (un afroamericano pobre brutalmente golpeado por la policía, en un hecho que desató episodios de venganza y odio racial en todo el país). Recuerdo que, por entonces, alentaba a mis compañeros a visitar la Argentina, destacando la calma que distinguía a las calles del país: “A cualquier hora del día, en cualquier barrio, podés caminar tranquilo”, decía. Poco más de 20 años después, me sorprendo de lo que ya no puedo decir, de la necesidad de articular un discurso público opuesto a aquél.

El primer punto a señalar es que el país, hace unos años, era muy distinto al de hoy. Sin necesidad de idealizar o esconder una historia política marcada por la tragedia, lo cierto es que poco tiempo atrás, la vida cotidiana en la Argentina era otra, a tal punto que uno podía caracterizarla por la tranquilidad que se vivía en sus barrios. Quiero decir: los episodios de violencia cotidiana extrema que hoy padecemos son una novedad reciente, inimaginable años atrás. (Los demás países también cambiaron, algunos para mejor, otros para peor, otros de modo ambiguo. En los Estados Unidos, los índices de delincuencia bajaron mucho, aunque la violencia policial y militar, como los índices de encarcelamiento masivos, se mantuvieron o agravaron.)

Lo segundo tiene que ver con lo que cambió de hace unos años a hoy. Uno podría citar diversos factores (cambios políticos, integración con el mundo, políticas sociales), pero los principales se relacionan con rasgos estructurales. Es decir, los cambios no tienen que ver con más ni peores leyes; ni con la presencia de más o menos policías en las calles; ni con políticas judiciales más o menos “garantistas”. Si algo cambió radicalmente en estas décadas, ello tiene que ver -lo queramos admitir o no- con los niveles de pobreza extrema y desigualdad alcanzados, en poco tiempo, e impuestos desde el Estado sin el mínimo cuidado social.

Los cuatro elementos citados -pobreza, desigualdad, celeridad en el cambio, maltrato estatal- resultan igualmente relevantes en la construcción colectiva de la violencia. Simplificando la cuestión, sugeriría que la pobreza extrema cultiva formas de vida degradadas (vale la pena citar estudios como los de Javier Auyero, que muestran la manera en que los niños más pobres naturalizan los graves niveles de violencia con los que conviven); que la desigualdad genera resentimiento y enojo social (“por qué otros están tan bien y yo tan mal”?); que el maltrato promueve deseos de retaliación; y que el carácter “súbito” de estos fenómenos ayuda a radicalizar los sentimientos involucrados: hay pánico de caer en el “pozo social” y no levantarse más; hay enojo porque se conoce lo que significa vivir de otro modo; hay ánimos de revancha porque se advierte la injusticia de la situación. Es común hoy, entre amplios sectores, la sensación de que ni siquiera la vida importa: nada tiene mayor sentido. Por supuesto, la vida violenta no queda confinada a ciertos sectores sociales, de pobres y marginales. Es común, en los sectores más acomodados, la “compra” de violencia sexual (conocimos casos dramáticos en estos días); como es “natural” la explotación y esclavización de trabajadores; como son habituales la arrogancia y el desprecio hacia los que se cayeron o quedaron en el camino.

En definitiva, la dolorosa ola de violencia que padecemos no es “propia” de la Argentina: se trata de un fenómeno nuevo y reciente; no se reduce a inconductas individuales (personas que han “perdido su rumbo”): se trata de un problema colectivo; no está confinada a un solo sector social: se encuentra socialmente generalizada; no encuentra sus causas en leyes, actitudes o rasgos de carácter: se relaciona con factores estructurales, que tienen que ver con decisiones sociales y políticas. Finalmente, se trata de un problema relacionado con situaciones de desigualdad que -es mi impresión- no estamos dispuestos a enfrentar, y con maltratos que no se resuelven tirando (justificadas) asignaciones por hijo sobre la mesa de nadie (el dinero no ocupa el lugar del buen trato). Mientras no prestemos atención a estas cuestiones estructurales -conviene saberlo- no habrá mapas del delito, ni patrulleros nuevos, ni manos duras que empiecen siquiera a resolver el drama que vivimos.

El autor es abogado, sociólogo y especialista en derechos humanos

Roberto Gargarella – Los derechos relegados de la Constitución‏

Artigo do Prof. Roberto Gargarella hoje no La Nación. 

 
Um brevíssimo apontamento crítico ao que se tem chamado de novo constitucionalismo latinoamericano; os importantes, mas limitados, avanços por meio das conquistas de direitos; a permanência da insistente ausência do povo; e aquilo que não se altera desde o século XIX  – a forma de exercício do poder (e que ele chama de casa de máquinas da constituição). 
 
 
 
Martes 05 de agosto de 2014 | Publicado en edición impresa

Sólo en la letra

Los derechos relegados de la Constitución

Nuestra ley suprema, como muchas de la región, sigue alentando un poder concentrado que resta participación a las mayorías en la toma de decisiones

Por Roberto Gargarella  | Para LA NACION

En las últimas décadas, América latina fue atravesada por una nueva oleada de reformas constitucionales de enorme importancia para la región. La Argentina modificó su Constitución en 1994, como lo había hecho Colombia en 1991 y como lo harían, poco después, Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009.

A partir de estos cambios, muchos comenzaron a hablar, entusiastas, de la llegada de un “nuevo constitucionalismo latinoamericano”. Se sugería así el arribo de algo diferente, autóctono, interesante. En mi opinión -y a pesar de las razones que existen para valorar el constitucionalismo regional-, creo que este “nuevo constitucionalismo” no cambia mucho lo que teníamos, sino que, por el contrario, reproduce y/o expande algunas de las virtudes, pero, sobre todo, algunos de los vicios propios del “viejo” constitucionalismo regional. Resumidamente: seguimos teniendo constituciones que organizan un poder concentrado y ese poder concentrado tiende a bloquear la realización de los muchos derechos que nuestras constituciones, generosamente, se comprometen a asegurar.

Para comprender lo dicho conviene comenzar por lo más básico. En América latina, como en todo el mundo, la gran mayoría de las constituciones se componen de dos partes: una organiza el poder (cómo funcionan el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial) y la otra define los derechos que tenemos (libertad de expresión, etc., etc.). Esperablemente, esas dos partes son consistentes la una con la otra y, así, cada una de ellas trabaja en favor de la restante. Sin embargo, en América latina esas dos partes de la Constitución responden a momentos, impulsos y criterios (teóricos, ideológicos) diferentes, que han llevado a que esas dos partes terminen por obstruirse mutuamente, más que por ayudarse.

En efecto, la sección en que las constituciones latinoamericanas organizan el poder fue moldeada en el siglo XIX, al calor de un pacto liberal-conservador temeroso todavía de la participación política de las mayorías. En cambio, la sección que organiza los derechos terminó de ser moldeada en el siglo XX, al calor de ideas muy diferentes, animadas por el nacimiento del Estado de Bienestar y preocupadas por una “cuestión social” que había sido postergada en el siglo anterior. Podríamos decir, entonces, que las constituciones latinoamericanas tienen “dos almas” más bien opuestas: una liberal-conservadora, desconfiada frente a la democracia, y otra socialdemócrata, de avanzada, favorable a la participación popular.

De modo más preciso: la organización de poderes, en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, sigue repitiendo hoy -pleno siglo XXI- lo que proponía dos siglos atrás, en momentos de democracias limitadas y participación política restringida: un poder político concentrado en el Poder Ejecutivo y centralizado territorialmente. Asimismo, seguimos contando con un diseño del Poder Judicial elitista; seguimos sosteniendo una organización legislativa basada en la desconfianza hacia el pueblo y la distancia entre elegidos y electores. Peor aún, luego de más de 200 años, el “hiperpresidencialismo” latinoamericano se ha afirmado, confirmando así algunos de los rasgos menos atractivos del “sistema de frenos y contrapesos” regional.

Contamos hoy con un sistema de relación entre los poderes que no asegura el equilibrio que proclamaba en sus inicios, sino que aparece desequilibrado hacia el Poder Ejecutivo, con consecuencias tan previsibles como lamentables: todo el sistema institucional ha quedado ladeado hacia el Ejecutivo. Resulta frecuente (aunque no necesario), por lo tanto, que los aparatos judiciales sistemáticamente se inclinen a favorecer al poder presidencial de turno (que goza de una influencia especial en el nombramiento de los jueces y que disfruta de poderes de presión particulares sobre éstos), como resulta habitual que las legislaturas se conviertan en órganos opacos dependientes de la iniciativa presidencial y sometidos a la autoridad del Ejecutivo. Pasamos entonces del sistema de equilibrios y balances deseado a uno diferente, caracterizado por el sometimiento o, eventualmente, la confrontación entre poderes.

Resultó diferente, en cambio, la suerte que corrió la otra parte de nuestras constituciones, esto es, la sección relacionada con las declaraciones de derechos. Dicha sección fue sustantivamente reformada en toda América latina, en el siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana y la Constitución de México de 1917: desde aquellos años, todas nuestras constituciones han adoptado declaraciones de derechos comprometidas con lo social, recuperando así preocupaciones que los padres fundadores del constitucionalismo latinoamericano (incluyendo a figuras como Alberdi o Sarmiento) habían dejado de lado. Así, nuestras constituciones empezaron a hacer referencia a los derechos de los trabajadores, de los sindicatos, de las familias, de los menores de edad. Comenzaron a hablar del salario mínimo, vital y móvil; del derecho a una vivienda digna; del derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Más todavía: si las constituciones de la primera mitad del siglo XX reflejaron, en su estructura de derechos, la llegada de la clase trabajadora a la Constitución (expresado esto en la adopción de amplios derechos sindicales y laborales), las constituciones escritas en la década 1990-2000 expandieron tales compromisos y se mostraron más receptivas en relación, por ejemplo, con derechos indígenas y multiculturales que hasta entonces aparecían marginados.

En resumen, estas “constituciones con dos almas” muestran declaraciones de derechos crecientemente amplias, generosas y comprometidas en materia social (“estilo siglo XXI”), a la vez que una organización del poder tan cerrada y verticalista como lo fue en sus comienzos (“estilo siglo XIX”). Alguien podría decir, con relación a estas constituciones bifrontes, que hemos avanzado mucho, desde la Independencia hasta hoy, ya que contamos en la actualidad, al menos, con declaraciones de derechos modernas, poderosas, y sólo nos falta terminar de modernizar la organización del poder de modo acorde. La mala noticia es que las dos partes de la Constitución no son autónomas, no pueden vivir independientemente la una de la otra: se necesitan e influyen mutuamente. Peor todavía: la organización del poder encierra la “sala de máquinas de la Constitución”, ya que es allí donde se ubican las principales “palancas del poder.” Si fallamos en este aspecto, toda la Constitución queda bajo amenaza. Y esto es lo que, en definitiva, nos sucede, y lo que ha caracterizado la historia del constitucionalismo en América latina (incluso -sino especialmente- en la última década, marcada por la presencia de gobiernos en apariencia “de avanzada” en toda la región).

Así, de modo demasiado habitual, cuando la ciudadanía ha querido poner en marcha algunos de los derechos más importantes reconocidos en las nuevas constituciones, se ha encontrado con que, desde el centro del poder político, se ponían obstáculos para su implementación. Ha ocurrido en Colombia, cuando las comunidades locales demandaron un efectivo “derecho a la consulta” frente a amenazantes proyectos mineros. Ha ocurrido en la Argentina, cuando los grupos indígenas exigieron ser tomados en cuenta frente a proyectos legislativos que ponían en riesgo sus derechos. Ha ocurrido en Ecuador, cuando los ciudadanos han querido hacer efectivo su derecho constitucional a decidir directamente sobre los asuntos públicos que más les interesaban. Ha ocurrido en Bolivia, cuando se requirió un respeto genuino al derecho a participar en la elección de los propios jueces.

Una y otra vez, presidentes con retórica encendida, pero temerosos de la participación directa y autónoma de la ciudadanía, han usado el poder concentrado que la Constitución les asegura para bloquear los robustos derechos que esas mismas constituciones prometían. En síntesis: los ciudadanos de América latina han conseguido “entrar” en la Constitución, de múltiples formas, a partir de los derechos que les han sido reconocidos. Es hora, por tanto, de que consigan ingresar adonde verdaderamente importa, esto es, en la “sala de máquinas” de la Constitución, que todavía hoy mantiene sus puertas cerradas para ellos.

Perdão Aaron Swartz

O melhor filme/documentário para se assistir: The Internets Own Boy The Story of Aaron Swartz. 

Disponível aqui: http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-the-internets-own-boy-the-story-of-aaron-swartz-legendado-online.html

O melhor artigo para se ler: Perdão Aaron Swartz (Eliane Brum). 

Disponível aqui: http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/01/perdao-aaron-swartz.html

Existem leis injustas; devemos nos contentar em obedece-las, ou devemos nos esforçar para melhora-las e obedece-las até que sejam eficazes, ou devemos transgredi-las de uma vez por todas? (Henry David Thoureau)

Entre os tantos feitos admiráveis deixados por Aaron em sua curta trajetória, ao morrer ele deixou também um outro legado: a denúncia do nosso fracasso. Perdão, Aaron Swartz. (Eliane Brum)

Violência de direito – Vladimir Safatle

Artigo do Prof. de Filosofia da USP Vladimir Safatle sobre protestos, política e violência.

“O resultado são ativistas na cadeia, sem que em momento algum a população ouvisse suas versões, assim como uma advogada que pediu asilo político ao vizinho Uruguai. Que uma parte da população aplauda isso, dizendo que devemos ter braços firmes contra arruaceiros, eis algo nada surpreendente. São os mesmos que falavam as mesmas coisas na época da ditadura. E de nada adianta dizer que nossa situação não é ditatorial. Nem só ditaduras cometem atos de exceção. As democracias parlamentares têm uma zona cinzenta de suspensão da lei ou de torção da lei usada quando o poder se sente acuado. Que o digam Julian Assange e Edward Snowden. Já para quem chama de vândalos os que jogam pedras em vidraças de banco, eu diria: pior vândalo é quem funda bancos. Se esses vândalos que quebram a economia de países pagassem por seus crimes, certamente não haveria hoje aqueles que quebram vidraças. A resposta a essas pessoas que agem de maneira cada vez mais violenta é a política, não a polícia.”

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Violência de direito

Os manifestantes tidos por “ilegítimos” ajudam a democracia a avançar. Direito e justiça nem sempre andam juntos
por Vladimir Safatle — publicado 27/07/2014 10:46
 

O cenário era previsível. Governos acuados por ondas de manifestações que parecem, por um momento, sair completamente do controle e atingir todos os partidos, imprensa e instituições respondem normalmente de maneira idêntica. Eles começam por afirmar existir manifestantes legítimos e ilegítimos. Os primeiros respeitam o Estado Democrático de Direito e estão lá para referendar a festa da democracia brasileira. Eles sairão às ruas, mas no fundo não devem ser ouvidos. Como se diz, quem está descontente que use o voto, mesmo se as eleições se transformaram, em grande parte, em um jogo viciado no qual uma partidocracia define as opções possíveis e associações escusas entre classe política e empresariado determinam quais dessas opções terão fôlego real.

Ou seja, afirmar que a melhor resposta é o voto tem, atualmente, algo de silêncio imposto. Escolhas limitadas não são escolhas reais. Se a classe política não se sentir pressionada até o limite a ouvir o que vem das ruas, a dar à insatisfação popular uma forma, ela simplesmente não ouvirá e nada fará. Pensem, por exemplo, no que aconteceu com as ditas reformas que circulavam no Congresso Nacional, depois das manifestações de junho. Em larga medida, elas desapareceram.

No entanto, quem força até o limite a classe política são aqueles que os governos gostam de chamar de “manifestantes ilegítimos”, ou seja, esses que agem “fora do Estado Democrático de Direito”. Quando pacifistas impedem a circulação de armamentos, ecologistas vão à Rússia impedir navios de despejarem lixo no mar, quando grevistas fazem piquetes e camponeses invadem latifúndios, ouvimos sempre a mesma coisa: trata-se de criminosos que agem à margem do Estado Democrático de Direito, obrigando o Estado e sua polícia a tomar medidas violentas a fim de fazer respeitar a legalidade democrática.

No entanto, são esses os que atuam à margem do Estado Democrático de Direito e que fazem a democracia avançar. Pois eles nos lembram que a democracia é o único regime que reconhece sua própria imperfeição e incompletude. Por isso, ela é o único que aceita que há momentos nos quais direito e Justiça se dissociam. Há uma violência que vem da urgência da necessidade de mudança. Por isso, ela é uma violência política.

Nesse exato momento, dezenas de manifestantes estão presos ou foragidos por se indignarem contra os gastos da Copa do Mundo, a miséria de nosso sistema político e o caráter lastimável de nossos serviços públicos. Segundo a polícia, eles preparavam um grande ataque, com direito a bombas, assassinatos de policiais, megadepredações, em suma, o caos.  Sim, a mesma polícia que mais tortura, da América Latina, que costuma fazer pessoas simplesmente desaparecerem na representação ontológica do nada (como o senhor Amarildo), que foi filmada infiltrando-se em manifestações a fim de insuflar violência, que ficou famosa pela mistura de ineficiência, truculência e barbarismo agora vem à imprensa dizer que descobriu um complô formado por advogados, professoras de Filosofia e ativistas para criar o mais fantástico ato terrorista da Nova República. Em seus inquéritos, ela acusa de “formação de quadrilha” pessoas que nem sequer se conheciam e faz apelo à vidência para afirmar que agiu de maneira preventiva para evitar o pior. As gravações telefônicas, ao menos as apresentadas pela imprensa, são de fragilidade aterradora.

O resultado são ativistas na cadeia, sem que em momento algum a população ouvisse suas versões, assim como uma advogada que pediu asilo político ao vizinho Uruguai. Que uma parte da população aplauda isso, dizendo que devemos ter braços firmes contra arruaceiros, eis algo nada surpreendente. São os mesmos que falavam as mesmas coisas na época da ditadura. E de nada adianta dizer que nossa situação não é ditatorial. Nem só ditaduras cometem atos de exceção. As democracias parlamentares têm uma zona cinzenta de suspensão da lei ou de torção da lei usada quando o poder se sente acuado. Que o digam Julian Assange e Edward Snowden. Já para quem chama de vândalos os que jogam pedras em vidraças de banco, eu diria: pior vândalo é quem funda bancos. Se esses vândalos que quebram a economia de países pagassem por seus crimes, certamente não haveria hoje aqueles que quebram vidraças. A resposta a essas pessoas que agem de maneira cada vez mais violenta é a política, não a polícia.

http://www.cartacapital.com.br/revista/810/violencia-de-direito-2435.html

Justiça dialógica – artigo de Roberto Gargarella

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Excelente artigo do Professor  Roberto Gargarella sobre justiça dialógica, incluídas algumas respostas contundentes às críticas geralmente invocadas – especialmente àquelas de caráter elitista que desqualificam uma participação ativa do povo. 

 

“Estos sistemas de toma decisión alternativos que, de modo informal, han ido emergiendo, parecen muy distintos de aquellos a los que estamos acostumbrados: i) se trata de procesos “conversacionales” (basados en el diálogo) antes que impuestos desde arriba por el Ejecutivo; ii) en ellos se busca que los actores políticos (incluyendo al Congreso) y las partes involucradas encuentren la solución al problema del caso en diálogos que son monitoreados por el Poder Judicial (en lugar de impedidos o reemplazados por la “última palabra” judicial); y iii) tales procesos buscan que la ciudadanía recupere su palabra, en la decisión de asuntos que la involucran directamente.”

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Control y voz sobre los asuntos que son de todos

Tribuna. El modelo clásico de toma de decisiones -en base a lo que impone el Ejecutivo y con la última palabra a cargo de la Justicia-, en India, Sudáfrica y Argentina, está cambiando por una “justicia dialógica”.

 

Control y voz sobre los asuntos que son de todos

Control y voz sobre los asuntos que son de todos 

 

Ciertas novedades han ido apareciendo en el marco de los sistemas institucionales vigentes, demasiado habituados a resistir toda reforma. La novedad principal consiste en la aparición, en todo el mundo (desde Sudáfrica y la India a Colombia o la Argentina) de procesos de toma de decisión no tradicionales, esto es, alejados del modelo “viejo” en donde el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa, el Poder Judicial se queda con la “última palabra,” el Congreso (dependiendo del caso) obedece de modo más o menos ciego lo que le dice el Ejecutivo, mientras la ciudadanía no es invitada a escena, porque el poder no está dispuesto a escucharla aunque actúe siempre invocándola a ella.

Estos sistemas de toma decisión alternativos que, de modo informal, han ido emergiendo, parecen muy distintos de aquellos a los que estamos acostumbrados: i) se trata de procesos “conversacionales” (basados en el diálogo) antes que impuestos desde arriba por el Ejecutivo; ii) en ellos se busca que los actores políticos (incluyendo al Congreso) y las partes involucradas encuentren la solución al problema del caso en diálogos que son monitoreados por el Poder Judicial (en lugar de impedidos o reemplazados por la “última palabra” judicial); y iii) tales procesos buscan que la ciudadanía recupere su palabra, en la decisión de asuntos que la involucran directamente.

El caso “Riachuelo”, en la Argentina, representó un primer paso, parcial e insuficiente, pero orientado en la dirección correcta: un problema “estructural” extraordinario (la contaminación del Río de la Plata, que el poder político quería resolver a fuerza de golpes de efecto, y que la justicia desatendía), comenzó de repente a ser discutido en audiencias públicas y participativas, coordinadas por el Poder Judicial, en las que empezaron a tomarse decisiones más racionales y conversadas (procesos similares se dieron en Colombia, por ejemplo, en el caso de las “personas desplazadas”; o en Sudáfrica, en relación con la falta de medicinas).

Esta forma distinta de concebir al derecho y la democracia, orientada a resolver problemas estructurales a través de un diálogo a la vez institucional e inclusivo, enfrenta, sin embargo, enemigos varios.

Estos adversarios se reconocen fácilmente en la actualidad, cuando el país se encuentra ante problemas que van desde la corrupción a la desigualdad estructurales. El poder político y económico dominante resiste las alternativas “dialógicas” en cada uno de sus rasgos centrales: primero, por conveniencia, ya que la satisfacción pronta de intereses parciales necesita de imposiciones discrecionales, antes que de decisiones abiertas y dialogadas; segundo, por convicción: muchos de los defensores del poder concentrado hacen un culto al “decisionismo” (schmittiano), a la vez que rechazan con ironías todo lo que tenga que ver con diálogo; y tercero, por razones de carácter elitista, que implican la descalificación de la participación popular cada vez que las demandas públicas contradicen lo que el poder dominante quiere: de repente, el pueblo soberano y sabio pasa a ser uno que obedece bobo los dictados de los “medios hegemónicos”. Otra vertiente de esta crítica elitista descalifica toda intervención del pueblo señalándolo acusatoriamente: para algunos, parte del pueblo es “desagradecido”, porque no retribuye hoy los “favores” que supuestamente ayer habría recibido; para otros, la ciudadanía no tiene autoridad moral para hablar, luego de haber dado su voto a los mismos que hoy responsabiliza de la corrupción que lo aqueja. Curiosamente, ninguna de estas críticas elitistas presta atención al modo en que han vaciado de sentido al sistema institucional: es posible que, puesto a elegir entre la ilusión de un beneficio económico para su familia, y el rechazo de la corrupción estructural, una persona apueste a la ilusión del bienestar de los suyos, pero esto habla menos de la reprochabilidad de sus elecciones personales, que de la inmoralidad de un sistema institucional que extorsiona a los ciudadanos de modo semejante, quitándoles herramientas de decisión y control, a la vez que los somete a opciones tales.

Algunas aclaraciones finales. Primero, un proceso no se convierte en “dialógico” porque el juez o funcionario de turno se llene la boca hablando de diálogo: lo que debe facilitarse es que la propia ciudadanía, víctima de problemas estructurales (desde la contaminación de un río a la corrupción gubernamental), se involucre en procesos de reflexión y decisión efectivos en torno a tales dificultades. Segundo, el diálogo inclusivo no debe depender de la decisión discrecional de ningún funcionario: debe realizarse por un imperativo institucional, y no porque por azar nos tropezamos con la buena voluntad de alguien. Finalmente, el diálogo democrático no tiene nada que ver con una encuesta de marketing, entre otras cosas porque la democracia no tiene nada que ver con el mercado. Al poder de turno, sin embargo, le cuesta aceptarlo: aquí, como en todo el mundo, más allá de medios hegemónicos y gobiernos perversos, el pueblo comienza a levantarse, poco a poco, a pedir cuentas, a reclamar control y voz sobre asuntos que son suyos y que deben empezar a ser considerados y decididos como tales.

http://www.clarin.com/opinion/Control-voz-asuntos_0_1159684069.html

 

Judicialização da Saúde – As duas portas do SUS

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Excelente artigo de Octavio Ferraz e Daniel Wang sobre a judicialização do direito à saúde e seus impactos sobre o SUS.

“A judicialização da saúde no modelo brasileiro está criando um SUS de duas portas: uma para aqueles que vão ao Judiciário, para quem “a vida não tem preço” e conseguem assim acesso irrestrito aos recursos estatais para satisfazer suas necessidades em saúde; outra para o resto da população, que, inevitavelmente, tem acesso limitado, e mais limitado ainda pelo redirecionamento de recursos que beneficia aqueles que entraram pela outra porta. “

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/171851-as-duas-portas-do-sus.shtml

 

Espaços e instrumentos de participação popular na Câmara dos Deputados

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Esse experimentalismo institucional (para usar uma expressão do Mangabeira Unger) é a melhor alternativa para promover avanços em favor da participação popular democrática enquanto não são realizadas reformas mais amplas e profundas (como a reforma política por exemplo). Esses novos espaços e instrumentos de participação podem e devem ser o primeiro passo para um aprofundamento da democracia, da participação, e deveriam ainda ser encarados como os primeiros sinais de que o abismo existente hoje entre representantes e representados precisa ser, urgentemente, enfrentado. O curioso é que isso surja justamente na Câmara, uma das instituições mais arredias à participação popular hoje. Que essa semente brote, dê frutos e inculque nos nossos Deputados a ideia de que a representação hoje não se limita mais ao voto!

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Citizens working with lawmakers to make parliaments more open: a few examples from Brazil

on 11 June 2014

 
 

La ley y el juego: Entre la anomia y los personalismos – Lucas Arrimada

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Excelente breve artigo do amigo e Prof. de Dto Constitucional da UBA Lucas Arrimada sobre a relação entre lei e futebol, anomia e personalismo. 

“El primero de los aspectos más notables de nuestro juego disfuncional es la tendencia a la anomia colectiva: La sociedad argentina tiene una seria dificultad de respetar y cumplir la Ley. El segundo, es la concentración de poder en los “jugadores” excepcionales del sistema político. La salvación del partido está concentrada, no en estrategias conjuntas y al largo plazo sino en líderes personalistas.”

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La ley y el juego: Entre la anomia y los personalismos

 
 
la mano de un dios anómico, el espejo de una sociedad hipócrita – Buenos Aires 2012

Escribimos esta nota al final del partido del Domingo entre Bosnia Herzegovina y Argentina. Salió hoy publicada en Infobae acá. La adjuntamos abajo.

Seguimos y salud!

 
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La ley y el juego: Entre la anomia y los personalismos
 
La selección nacional no jugó bien. El juego del equipo estuvo lejos de gustar, de ser atractivo para los ojos de los exigentes hinchas argentinos, y a penas fue efectivo. Se ganó 2 a 1. Un gol en contra y un gol del mejor jugador del mundo. Más allá de los increíbles talentos, de los rivales que no asustan, de todo el trabajo previo, algo parece faltar en el corazón de un equipo que podría brillar y hacerse respetar.
 
El mundial recién comienza. Un primer partido no determina nada y el equipo de Sabella puede encontrar su propia magia, ganar y gustar. Sin embargo, al hacer esta descripción de aficionado parece que estuviésemos sintetizando el imaginario histórico de nuestra vida como sociedad: Grandes expectativas, bajos resultados. Alto potencial, bajo rendimiento. Tenemos recursos abundantes pero vivimos en una sociedad con pobreza estructural. Todos reconocen mucho talento individual pero un juego social siempre desdibujado. 
 
Los paralelismos entre la selección y su juego, vis a vis, la sociedad argentina y su vida política e institucional, resultan no sólo evidentes sino extremadamente gráficos. 
 
El primero de los aspectos más notables de nuestro juego disfuncional es la tendencia a la anomia colectiva: La sociedad argentina tiene una seria dificultad de respetar y cumplir la Ley. El segundo, es la concentración de poder en los “jugadores” excepcionales del sistema político. La salvación del partido está concentrada, no en estrategias conjuntas y al largo plazo sino en líderes personalistas.
 
Respetar la ley es jugar en equipo y cooperar con los demás.  Desde la propia Constitución pasando por toda la legislación no hay área sin problemas de anomia social. A nivel de nuestra ley suprema, la Constitución Nacional, tenemos muchos ejemplos de artículos que se incumplen, se ignoran o directamente se violan (Art. 14, 16, 17, 18, 24, Art. 75 inc 22, 99 inc. 3, 114, 121 y ss). Incumplir la ley suele ser la regla. Cumplir la ley es la excepción. Eso se traduce en conflictos sistemáticos: Corrupción, falta de transparencia, poca información, debilidad institucional, imposibilidad de pensar según reglas claras, cortoplacismo, conflictos de interés, nepotismo, evasión impositiva, etc. tanto en el sector público o privado, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial; en gobernaciones, municipios o a nivel nacional, sin distinción de partido político ni gobierno pasado o presente. 
 
La anomia social es una práctica histórica. Todos jugamos ese juego y todos perdemos, día a día. Nadie gana con la anomia cultural. Esto genera, por un lado, un juego social individualista que piensa en sacar ventajas personales al incumplir la ley sin observar el daño colectivo y el auto-infringido. Por eso, Carlos Nino, llamó a este tipo de conducta “anomia boba”. Por otro lado,  el segundo aspecto, al sobredimensionar la importancia de los liderazgos de los supuestos “capitanes” se olvida que todo jugador es parte de un equipo y se encuentra en un juego colectivo. Esto se acompaña con concentración de poder, personalismos fuertes y una cultura “delegativa”. Se espera que “Maradona” o “Messi”, o cualquier líder  político coyuntural,  salve “el partido” individualmente con su “excepcionalidad”. Esa apelación a los “pilotos de tormentas” es parte de una cultura presidencial, ejecutiva y de emergencia que limita el juego democrático y reduce el poder a pocas manos. Ningún jugador puede ser más importante que el equipo o que el mismo juego.
 
La falta de juego cooperativo en nuestro respeto por la ley es públicamente reconocible. Al mismo tiempo, la subordinación social a las decisiones, virtudes y defectos de los liderazgos personales en un juego colectivo como el democrático es siempre contraproducente. Por eso, sería un grave error depositar todas las expectativas en habilidades individuales en contexto de un juego de dinámicas colectivas.  
 
La sociedad no puede triunfar a nivel social a través de delegar todo en los talentos individuales o excepcionales. La clave es jugar colectivamente para ganar colectivamente, haciendo cooperar las virtudes individuales con la fortaleza del trabajo en equipo. 
 
Identificar y pensar esas disfuncionalidades en el juego político y social es el primer paso para trabajar por una sociedad más democrática e igualitaria ante la ley.

http://www.antelaley.com/2014/06/la-ley-y-el-juego-entre-la-anomia-y-los.html

Por que o novo decreto de Dilma não é bolivariano – Por Leonardo Avritzer

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Por que o novo decreto de Dilma não é bolivariano

Por Leonardo Avritzer –  publicado 10/06/2014 04:26, última modificação 10/06/2014 04:27

A presidente Dilma Rousseff assinou, no último dia 21, um decreto que institui a Política Nacional de Participação Social. De acordo com o decreto “fica instituída” a política, “com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil”.

Com este objetivo o governo reforçou institucionalmente uma política que vem desde 2003, quando, ainda em 1º de janeiro, o ex-presidente Lula assinou a medida provisória 103, na qual atribui à Secretaria Geral da Presidência o papel de “articulação com as entidades da sociedade civil e na criação e implementação de instrumentos de consulta e participação popular de interesse do Poder Executivo na elaboração da agenda futura do Presidente da República…”

A partir daí, uma série de formas de participação foram introduzidas pelo governo federal, que dobrou o número de conselhos nacionais existentes no país de 31 para mais de 60, e que realizou em torno de 110 conferências nacionais (74 entre 2003 e 2010 e em torno de 40 desde 2011). Assim, o decreto que instituiu a política nacional de participação teve como objetivo institucionalizar uma política que já existe e é considerada exitosa pelos atores da sociedade civil.

Imediatamente após a assinatura do decreto iniciou-se uma reação a ele capitaneado por um grande jornal de São Paulo que, em sua seção de opinião, escreveu o seguinte: “A presidente Dilma Rousseff quer modificar o sistema brasileiro de governo. Desistiu da Assembleia Constituinte para a reforma política – ideia nascida de supetão ante as manifestações de junho passado e que felizmente nem chegou a sair do casulo – e agora tenta por decreto mudar a ordem constitucional. O Decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, que cria a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS), é um conjunto de barbaridades jurídicas, ainda que possa soar, numa leitura desatenta, como uma resposta aos difusos anseios das ruas.”

Assim, segundo o jornal paulista, o Brasil tem um sistema que é representativo e este foi mudado por decreto pela presidente. Nada mais distante da realidade.

Em primeiro lugar, o editorialista parece não conhecer a Constituição de 1988, que diz no parágrafo único do artigo primeiro: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Ou seja, o legislador constituinte brasileiro definiu o país como um sistema misto entre a representação e a participação. Se é verdade que as formas de representação foram muito mais fortemente institucionalizadas entre 1988 e hoje, isso não significa que temos no Brasil um sistema representativo puro, tal como ele existe em um país como a França. Pelo contrário, a verdade é que o espírito da Constituição fica muito melhor representado a partir do decreto 8243, que institucionaliza uma nova forma de articulação entre representação e participação de acordo com a qual a sociedade civil pode sim participar na elaboração e gestão das políticas públicas. Mas, ainda mais importante do que restaurar a “verdade constitucional” é se perguntar qual sentido faz instituir um sistema de participação?

A resposta a esta pergunta é simples e singela. A temporalidade da representação está em crise em todos os países do mundo. Por temporalidade, deve se entender a ideia de que a eleição legitima a política dos governos durante um período extenso de tempo, em geral de quatro anos. Hoje vemos, no mundo inteiro, pensando em Obama nos Estados Unidos e Hollande na França, uma enorme mudança na maneira como a opinião pública vê os governos.

Temos um novo fenômeno que o filósofo francês Pierre Rosavallon classifica da seguinte maneira: a legitimidade das eleições não é capaz por si só de dar legitimidade contínua aos governos. Duas instituições estão fortemente em crise, os partidos e a ideia de governo de maioria. É sabido que a identificação com os partidos cai em todo o mundo, até mesmo nos países escandinavos onde ela era mais alta. É isso o que justifica a entrada da sociedade civil na política, não qualquer impulso bolivariano, tal como alguns comentaristas pouco informados estão afirmando.

A sociedade civil trás para a política um sistema de representação de interesses que os partidos não são mais capazes de exercer devido a sua adaptação a um sistema privado de representação de interesses e financiamento com o qual a sociedade não se identifica. O mais curioso é que ninguém mais do que os órgãos da grande imprensa adotam o exercício de mostrar como o poder da maioria pela via da representação não é capaz de legitimar o governo. Lembremos alguns exemplos recentes: a rejeição da nomeação do deputado Marco Feliciano (PSC-SP) para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara ou o apoio às manifestações populares pelo Movimento Passe Livre em junho de 2013. Em todas estas questões o que esteve em jogo foi a capacidade da sociedade civil de apontar uma agenda para o governo. O que o Sistema Nacional de Participação faz é institucionalizar esta agenda reconhecendo que existe uma representação exercida pela sociedade civil.

Vale a pena desenvolver um pouco mais este ponto. A representação é uma autorização dada por uma pessoa para alguém atuar em nome dela. Este é o fundamento do seu exercício que existe em todos os países. Mas existe uma questão adicional que reside no fato da representação das pessoas se dar através de uma autorização ampla que não consegue alcançar temas que não são majoritários ou que têm uma agenda mais volúvel. Assim, o sistema representativo é sempre ruim para representar questões tais como direito das minorias ou temas importantes como o meio ambiente ou até mesmo políticas públicas como a de saúde. Exemplos sobre a incapacidade do Congresso Nacional de agir nestas áreas abundam no Brasil. Lembremos a incapacidade de votar a união homoafetiva, a ação afirmativa, de aprovar o Código Florestal, todas legislações com fortíssimo apoio na sociedade, mas que não conseguiram tramitar no Congresso devido a lobbies muito fortes. No caso da união homoafetiva e da ação afirmativa sua legalidade acabou sendo determinada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso do Código Florestal este contou com um veto da presidente e mais uma medida provisória bastante polêmica no interior do Congresso. Todos estes episódios mostram que há uma incapacidade do legislativo de se conectar com a sociedade, devido à maneira como o sistema de representação opera no país. Em geral tem cabido ao Supremo preencher esta lacuna, mas o mais democrático e o mais adequado é um envolvimento maior da sociedade civil nestes temas por via de instituições híbridas que conectem o executivo e a sociedade civil ou a representação e a participação.

Este modelo, que está longe de ser bolivariano, está presente, na verdade, nas principais democracias do mundo. Os Estados Unidos tem o modelo de participação da sociedade civil no meio ambiente por meio dos chamados “Habitat Conservation Plannings”. A França tem o modelo de participação da sociedade civil nas políticas urbanas através de contratos de gestão nos chamados “Quartier Difficile”. A Espanha tem a participação da sociedade civil no meio ambiente através de “juris cidadãos”. A Inglaterra instituiu mini-públicos com participação da sociedade civil para determinar prioridades políticas na área de saúde.

Todas as principais democracias do mundo procuram soluções para o problema da baixa capacidade do parlamento de aprovar políticas demandadas pela cidadania. A solução principal é o envolvimento da sociedade civil na determinação de políticas públicas. A justificativa é simples. Ninguém quer acabar com a representação, apenas corrigir as suas distorções temporais em uma sociedade na qual o nível de informação da cidadania aumentou fortemente com a internet e as redes sociais e na qual os cidadãos se posicionam em relação a políticas específicas. Ao introduzir uma participação menos partidária e com menor defesa de interesses privados na política tenta-se reconstituir mais fortemente este laço. Assim, o que o decreto 8243 faz não é mudar o sistema de governo no Brasil por decreto e nem instituir uma república bolivariana. O que ele faz é aprofundar a democracia da mesma maneira que as principais democracias do mundo o fazem, ao conectar mais fortemente sociedade civil e Estado.

http://www.cartacapital.com.br/politica/por-que-o-novo-decreto-de-dilma-nao-e-bolivariano-8992.html

Copa do Mundo no Brasil (?)

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E para não dizer que não falei da Copa.

A copa já era: Texto do Prof. da USP e Juiz do Trabalho Jorge Luiz Souto Maior “A Copa já era”.

http://blogdojuca.uol.com.br/2014/04/a-copa-ja-era/

Para não esquecer: Texto do artista Eduardo Marinho “Pra não dizer que não falei da Copa”

http://www.observareabsorver.blogspot.com.br/2014/06/pra-nao-dizer-que-nao-falei-da-copa.html

Para poder assistir, mas sem esquecer: Texto do jornalista Matheus Pichonelli “Copa do Mundo, aspirinas e urubus”

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/copa-do-mundo-aspirinas-e-urubus-9935.html